La Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCat) ha sancionado a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) con una multa de 20.000 euros por utilizar un sistema de reconocimiento facial en los exámenes finales. La APDCat ha afirmado que el tratamiento de los datos biométricos de los estudiantes no está incluido en ninguna de las excepciones del reglamento de protección de datos. El sistema ha sido utilizado por más de 31.000 estudiantes en los exámenes del primer semestre del curso pasado, en enero de 2022. Aunque la universidad alega que el sistema es proporcional y adecuado para verificar la identidad de los alumnos, la APDCat ha determinado que no es legal.
En noviembre de 2021, una persona denunció ante la APDCat el método de reconocimiento facial utilizado por la UOC en los exámenes, el cual era obligatorio y requería que los estudiantes tomaran una foto de su cara para compararla con la del DNI y con las imágenes tomadas durante el examen. La UOC argumentó que el sistema ayudaba a prevenir el fraude académico y que la mayoría de las asignaturas se aprueban sin exámenes finales y sin la identificación por reconocimiento facial. La APDCat inició un procedimiento sancionador en junio de ese año, el cual propuso una multa de 20.000 euros en diciembre. Además de la sanción, la APDCat ha pedido a la UOC que el sistema no sea obligatorio y se ofrezca una alternativa como la evaluación presencial o la evaluación oral síncrona, y exige que los estudiantes que acepten el reconocimiento facial firmen un documento de consentimiento explícito.
La UOC defiende la legalidad del sistema y asegura que trata los datos de forma confidencial, que se eliminan a los tres meses que acaban las pruebas virtuales, que se realizan una vez por cada uno de los dos cuatrimestres de cada curso académico. La universidad ha implantado medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar la seguridad de los datos y evitar la destrucción, pérdida, acceso o alteración ilícitas. Además, los datos no se ceden a terceros, salvo por obligación legal. La universidad ha anunciado que recurrirá la decisión ante la vía judicial contencioso-administrativa.